Madrid, 11 de noviembre de 2025 — Varios dirigentes políticos españoles han sido descubiertos modificando sus currículos académicos, a pesar de que la legislación no exige titulación universitaria para ocupar cargos públicos. Esta práctica, que algunos han denominado “curriculitis”, pone de relieve la presión de presentar un perfil académico más completo ante la opinión pública.
Entre los casos más destacados se encuentra Javier García Jiménez, presidente del PP de Navarra, quien inicialmente aparecía en su currículum oficial con un “grado en Gestión Comercial y Marketing”, para luego cambiarlo por un “máster en Marketing y Gestión Comercial de ESIC”. De manera similar, la secretaria adjunta de Organización del PSOE, Anabel Mateos, corrigió su perfil en LinkedIn al aclarar que su máster estaba pendiente del Trabajo de Fin de Máster (TFM).
Aunque no existe obligación legal de acreditar títulos universitarios para cargos políticos, estas alteraciones han generado debate sobre la transparencia y la credibilidad de los dirigentes. “No se trata de incumplir la ley, sino de la coherencia entre lo que se comunica y la realidad académica de los políticos”, comenta un experto en ética pública.
El fenómeno refleja una paradoja: los títulos no son necesarios para el desempeño de funciones políticas, pero siguen siendo percibidos como un símbolo de prestigio y profesionalismo. Esta situación plantea dudas sobre la relación entre la imagen pública de los políticos y la confianza ciudadana en las instituciones.
Los partidos implicados han procedido a rectificar los perfiles de los dirigentes afectados, pero el caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la veracidad en la comunicación de la trayectoria académica de quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.